viernes, 14 de febrero de 2025

JAL de Rafael Uribe Uribe suspende sesión por falta de transparencia en información en millonario contrato entre el Fondo de Desarrollo Local y REDU

Durante la sesión de la Junta Administradora Local de Rafael Uribe Uribe, la presentación del operador REDU dejó más dudas que respuestas. La falta de claridad en la información suministrada generó preocupación tanto entre los cabildantes como en la comunidad y los líderes del Consejo de Planeación Local (CPL).

Este contrato que fue firmado entre el Fondo de Desarrollo Local y REDU CIA 710 – 2024 que tiene por objeto “Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos y Financieros para la prestación de servicios con la finalidad de llevar a cabo la ejecución de metas relacionadas con los proyectos de inversión 1646 cultura, deporte y recreación para el bienestar de la ciudadanía de Rafael Uribe Uribe. 1647 apropiación del arte, la cultura y el patrimonio en Rafael Uribe Uribe en el marco del Plan de Desarrollo  Local un Nuevo Contrato Social y Ambiental para Rafael Uribe Uribe Vigencia 2024. El cual tiene una ejecución en tiempo de cinco meses y un presupuesto que supera los $3.000 millones de pesos.

Por su parte, el edil Rigoberto Esquivel señaló que no se especifican los precios unitarios de elementos esenciales como sillas, mesas, equipos de sonido y servicios de alimentación. “Nos están cobrando 2.700 sillas, pero no sabemos a qué precio, el sonido tampoco tiene costos detallados, y el servicio de catering presenta valores elevados sin justificación clara”. Además, criticó la ausencia del acta de la junta directiva que autoriza al representante legal a firmar contratos por este monto.

El cabildante Esquivel resaltó un hecho curioso sobre la experiencia de REDU: la mayoría de sus contratos han sido suscritos con la empresa FUNDESCO, una entidad que ha sido objeto de múltiples denuncias por presunta corrupción. Estas irregularidades han sido señaladas por concejales de Bogotá.

El edil Andrés Yate cuestionó la sede de operaciones de REDU en Bogotá, ya que al buscar su dirección en Google Maps, la ubicación que aparece en la página oficial de la entidad corresponde a una fotografía de junio de 2024. Sin embargo, en ese mismo lugar actualmente funciona un negocio de venta de alitas de pollo, lo que genera dudas sobre la veracidad de la información suministrada por REDU.

Asimismo, El edil Jaime Cardona refutó el componente destinado al adulto mayor, señalando que solo beneficiará a quienes están vinculados al programa tipo C, dejando por fuera a otros posibles beneficiarios.

"Creo que es necesario un pronunciamiento y esclarecer estos interrogantes. Planeación debe explicar por qué se priorizó a los adultos del subsidio C cuando hay muchas otras personas mayores en la localidad. La planificación debe basarse en cifras y necesidades concretas: ¿Cuántos adultos mayores hay en la localidad?, ¿Cuántos reciben actualmente este beneficio?, ¿Cómo se está determinando quiénes participan?

Si el programa va dirigido a todos, entonces debe abrirse una inscripción clara, con mesas en cada UPZ, permitiendo que los adultos mayores interesados puedan postularse, en lugar de limitarlo únicamente a quienes ya están en el subsidio C", expresó Cardona.

Claudia Benavides, integrante del Consejo de Planeación Local (CPL), expresó su inconformidad durante la sesión, señalando que el CPL nunca fue notificado ni invitado a hacer seguimiento al contrato en cuestión. "Pensábamos que era el contrato que opera Red Summa , pero gracias al trabajo de investigación del edil Rigoberto Esquivel, hemos descubierto detalles preocupantes de este nuevo contrato", afirmó.

Benavides denunció que se les está restringiendo la participación en el seguimiento de contratos, a pesar de que su labor es precisamente velar por la transparencia en la ejecución de los proyectos locales. "No estamos aquí para molestar, sino para garantizar que los recursos públicos se manejen correctamente", enfatizó.

Asimismo, cuestionó la falta de claridad en la contratación de operadores, muchos de los cuales funcionan como ONG sin ánimo de lucro, pero con gastos administrativos elevados y sin aparente justificación. Ante esta situación, solicitó al jefe de planeación que se les notifique sobre cada contrato adjudicado, para así designar veedores y realizar un adecuado acompañamiento a las actividades.

Finalmente, la JAL decidió suspender la sesión hasta que se presenten explicaciones detalladas y se entreguen los documentos de soporte que justifiquen los costos del contrato. Además, se exigió que la próxima presentación cumpla con los lineamientos establecidos en el manual de la corporación. Asimismo, se recomendó al apoyo de la supervisión garantizar el cumplimiento y dar respuesta a cada uno de los interrogantes planteados por los cabildantes.


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