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| Foto: La Semana |
La suspensión de la licitación para los pasaportes, anunciada el pasado viernes por la Cancillería, generó inquietudes y cuestionamientos. Más de 550 observaciones realizadas a los prepliegos por 19 partes interesadas llevaron a la revisión exhaustiva del proceso. En ese mismo comunicado, el canciller (e), Luis Gilberto Murillo, ordenó reasignar la competencia para dirigir el proceso licitatorio sobre pasaportes a la Secretaría General.
El presidente Petro, en su cuenta de la red social X, expresó: “El secretario general de la Cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todos los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada. Toda la investigación penal debe desarrollarse” . Estas declaraciones han generado un fuerte impacto en la opinión pública y en el ámbito político.
La figura de José Antonio Salazar, quien estuvo en el cargo durante 16 meses, ha estado en el centro de la polémica. Su destitución se da en un momento crucial para la expedición de documentos de identidad y movilidad de los ciudadanos colombianos. La transparencia y la integridad en este proceso son fundamentales para garantizar la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado.
La Cancillería deberá ahora reorganizar su equipo y continuar con el proceso de licitación de los pasaportes. La decisión del presidente Petro busca enviar un mensaje claro sobre la lucha contra la corrupción y la defensa de los intereses públicos. La atención estará puesta en los siguientes pasos que se tomen para asegurar la eficiencia y la legalidad en este importante trámite administrativo.
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